En julio de 2005 el Estado peruano promulgó la Ley Nº 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), dirigido a atender las secuelas que la violencia de 1980 al 2000 dejó entre las personas afectadas por esta (las víctimas directas y sus familiares).  

La Ley PIR establece que para resarcir integralmente los daños producidos el Estado deberá implementar siete programas de reparación. Crea el Registro único de Víctimas (RUV) para el reconocimiento estatal de las víctimas y su posterior acceso a los programas de reparación.

Delega en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz (CMAN), conformada por representantes de 15 ministerios, la tarea de coordinar la implementación de los programas de reparación.

A diez años de la norma los avances, según las distintas fuentes pertenecientes a la CMAN como a su Secretaría ejecutiva, son considerables así como las nuevas demandas y el gran descontento causado por la constante actitud de vigilancia impuesta a los dirigentes de las organizaciones de víctimas como por la deficiente estrategia de difusión de lo trabajado por la CMAN, desde la creación del PIR.

Los actos de incidencia y de presión ejercidos por la comunidad de derechos humanos y en particular por las organizaciones de víctimas han sido manifiestos públicamente, año a año. Las “víctimas” se han movilizado constantemente, sea para lograr la aprobación del reglamento de la Ley, para que se garantice un presupuesto razonable y se agilice el trabajo del Consejo de Reparaciones y del Registro único de víctimas; para que se definan los beneficiarios, características de siete los programas, o se mejoren su gestión.

La voluntad de agilizar las reparaciones no ha sido espontánea ni prioritaria en los gobiernos de García y Humala, aun cuando se pueda reconocer avances en reparaciones a este segundo. Pese a la promesas y a los discursos, el Estado peruano, como en otros casos, no mantuvo una actitud solícita ni dialogante con los beneficiarios de las reparaciones.

García culminó su mandato aprobando una modificatoria al reglamento de la Ley, tras la cual los beneficiarios directos de las reparaciones económicas debían demostrar no haber accedido a ningún programa social y cumplir entre 65 y 80 años para acceder a esta. Cuando es bien sabido que, la gran mayoría de víctimas mantuvo o empeoró su condición de económica tras la guerra y que la crueldad también se muestra en estas exigencias.

El Estado dirigido por García, además, nos recordó la “tipología” de ciudadanos existentes en el país, cuando a un mes antes de aprobar la modificación mencionada (DS N°51 – PCM- 2011) decidió pagar en una sola “cuota” una reparación de 30 mil dólares a la familia del Magistrado Giusti, fallecido de un ataque al corazón que sufrió durante su liberación como rehén de la embajada de Japón tomada por el Movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1997. Sin mayor exigencia ni altercado.

En el gobierno de Ollanta Humala (tras una fructífera campaña de promesas), la CMAN en noviembre de 2011 aprobó la modificatoria del DS 051, tras acordar con las víctimas que enmendaría los ultrajes del decreto emitido por García. En un acta ampliamente difundida, aprobó elevar el monto de reparación a 10 UITs, reconoció el derecho de reparación a las víctimas de violencia sexual, eliminar el cumplimiento de la edad de 65 y 80 años como requisito, la múltiple afectación de las familias (la reparación económica por cada víctima fallecida), y la potestad (de la víctima a un familiar) de ceder la reparación en educación; y eliminar la fecha tope para el registro de las víctimas. El acuerdo de la sesión N°111 de la CMAN nunca vio la luz de su aprobación por el Ejecutivo tras el primer cambio de Premier de Estado, y de la Secretaria ejecutiva de CMAN.

Si bien el gobierno de Humala, posteriormente (2012) eliminó la edad como requisito para la reparación económica y admitió el registro posterior de las víctimas (aunque sin posibilidad de recibir reparaciones económicas), no ha cumplido con todos los acuerdos.

Las limitaciones de los representantes de los ministerios en de la CMAN y de los funcionarios de su Secretaría ejecutiva, sea por su ubicación en la pirámide de decisiones, por su incapacidad de cumplir con los plazos ofrecidos para estas modificaciones, y/o su aparente actitud poco receptiva o renuente a los diálogos con los dirigentes de las organizaciones de víctimas como con otros miembros de sociedad civil, no ayudan a valorar los avances alcanzados por su gestión.

Estos avances numéricos no eximen al gobierno del descontento de las víctimas. En estos cuatro últimos años de esperas, sus acciones de vigilancia y presión han servido de impulso a estos logros.

Recientemente, las víctimas se han movilizado en esfuerzos de dialogo con el Ejecutivo, en junio juntos, y con el Movimiento Para que no se repita, organizaron un foro de evaluación por los 10 años del PIR en el Congreso de La República, y en julio presentaron una carta al presidente pidiendo la aprobación de la Ley humanitaria de Búsqueda de personas desaparecidas pendiente de aprobación desde 2012.

En el foro el actual ministro pidió tiempo, y prometió enviar al Congreso de la República el proyecto de ley, y atender varios de los pedidos del PIR (también pendientes desde 2012). Sin embargo, la desconfianza por la palabra antes no cumplida prevalece entre las organizaciones de víctimas. Quienes tras años de incidencia parecen haber entendido que el Estado peruano es renuente al diálogo, a la comunicación oportuna de sus actos, y sensible, únicamente, frente a la presión.

Entre los principales avances a 10 años del Plan Integral de Reparaciones, destacan:

* Informe completo de la CMAN: https://goo.gl/36WqOX 

* Resumen de informes sobre reparaciones 2015 del Movimiento PQNSR: https://goo.gl/hMHPqy

1. Registro de víctimas: Existen 208.675 víctimas (127.895 víctimas y 80.780 familiares), 5.712 comunidades y centros poblados inscritos, y 56 grupos organizados de desplazados no retornantes. 

*Informe completo del Consejo de Reparaciones: https://goo.gl/Pg5VY0

2. Restitución de derechos ciudadanos: Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, tres de los departamentos con mayor cantidad de víctimas, reciben actualmente asistencia legal por medio del Programa de Restitución de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC elaboró el “Plan Nacional de Atención de la Problemática de la Indocumentación 2011-2015”.

3. Reparaciones en Educación: De 2012 a 2015, el Programa de Reparaciones de Educación (PRED) ha beneficiado con Becas y cursos de capacitación a 1.171 víctimas directas e indirectas de la violencia política. El Ministerio de Educación elaboró y viene revisando el “Plan Multianual 2014-2020” que incorpora las modalidades educativas alfabetización, educación básica alternativa, educación técnica productiva, educación técnica superior y universitaria. El plan contiene reparaciones colectivas en infraestructura educativa y reconstrucción del tejido social.

4. Reparaciones en Salud: 140.081 víctimas se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), seguro que da cobertura a todo tipo de enfermedad y que otorga subsidio económico de sepelio a nivel nacional. Las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Huanuco, Cusco, San Martín, Ucayali y Pasco cuentan con equipos profesionales de psicólogos (82 psicólogos en total). Estos equipos atendieron (entre 2006 y 2014) a 44.819 afectados.

5. Reparaciones económicas individuales: 76 617 familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas, víctimas por violación sexual, víctimas con discapacidad física o mental accedieron con reparaciones económicas (de julio de 2011 hasta 2014). 92% del total de las víctimas inscritas y con posibilidad de recibir reparación.

6. Programa en promoción y facilitación del acceso habitacional: En noviembre de 2012, la CMAN aprobó los lineamientos de este programa, lo cual permitirá que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar este programa.

7. Reparaciones simbólicas: se han inaugurado el Lugar de la Memoria de Junín “Yalpana Wasi” y el Lugar de la Memoria, la tolerancia y la inclusión social (LUM, parcialmente) en Lima. El Ministerio de Agricultura transfirió al gobierno regional de Ayacucho el predio de 3.6 hectáreas conocido como La Hoyada para la construcción del “Santuario de la Memoria”. Se viene acompañando el enterramiento digno de personas desaparecidas. La CMAN facilitó 702 ataúdes y la coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) para el acompañamiento psicológico de los familiares de las víctimas.

*Informe del LUM: https://goo.gl/cmY3VN

8. Reparaciones colectivas: Entre 2007 y 2014, 2095 comunidades nativas, campesinas y centros poblados con mayor índice de afectados fueron beneficiarios de proyectos de infraestructura productiva o de mejoramiento de servicios básicos. En 2014 se aprobaron los Lineamientos del Programa de Reparaciones colectivas para grupos de desplazados internos no retornantes.

9. Avances en búsqueda de personas desaparecidas: A fines de 2014 el Consejo de Coordinación Viceministerial del Primer Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el mismo que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de La República para su aprobación.

*Informe completo del Consejo Nacional de Derechos Humanos https://goo.gl/pkQHR7

*Otros: vea aquí el informe trimestral del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014- 2016 https://goo.gl/vwMoLF