20 de agosto, Lima. Esta mañana, familiares de personas desaparecidas estuvieron en el Puente Aramburú para exigir Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ley que busca poner fin al drama que sufren más de 15,000 familias cuyo dolor aún no puede ser aliviado. 

Han pasado 35 años de iniciado el conflicto armado interno y 3 gobiernos desde la presentación del Informe final de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), y los familiares de los desaparecidos presentes en 12 regiones del Perú siguen viviendo dramas psicológicos, morales y legales que como sociedad nos convocan a no olvidar, dejar de resolver o esquivar:

En 12 años, solo han sido entregados a sus familiares 1,644 restos (10.4% del total). Se han excavado 4,080 sitios de entierro, se han recuperado 3,202 cuerpos (20% del total) y solo se han identificado 1,833 (57%).

La ruta para recuperar los cuerpos de los desaparecidos inicia con la denuncia ante el Ministerio Público y continua con un largo proceso judicial. 

La identificación de la persona desaparecida post exhumación de sus restos puede demorar entre 4 a 6 años por cada caso. Los familiares, en su mayoría son personas de escasos recursos, suspenden su trabajo y tareas regulares, poniendo en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas para concurrir a: las declaratorias ante los fiscales, las tomas de muestras de ADN, las exhumaciones y a los reconocimientos de prendas. Todo ello con la esperanza de hallar a sus seres queridos y darles digno entierro.  

Las madres, las viudas, las y los hijos de los desaparecidos no pueden enterrar a sus muertos, no pueden ser legalmente viudas, huérfanos o herederos.

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