Por: Miluska Rojas, Secretaria ejecutiva Mc PQNSR

La forma en que las sociedades atienden las demandas de las víctimas y el tratamiento que se da a otros actores del conflicto, revela el valor de la justicia y las dinámicas de perdón a las que se someten culturalmente sus miembros en favor de expectativas de convivencia y éxito.

Las Comisiones de la verdad son estrategias temporales que buscan acercar a los actores de un conflicto para construir juntos una verdad oficial. El diálogo al que éstas convocan puede ser reparador; sin embargo ninguna comisión de la verdad, en ninguna parte del mundo, logró reparar los daños, impartir justicia o reconciliar cabalmente a las partes. Estas tareas anteceden y preceden a las comsiones de verdad. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) peruana no pudo ni tuvo por encargo reconciliar al país.

El alcance de los testimonios y la forma en que estos son asumidos por la sociedad son importantes. Contar su historia permite a las víctimas abrir el camino de rehabilitación del daño sufrido. Cuando el testimonio de los actores es escuchado es posible acercarnos con mayores elementos a la verdad, romper la indiferencia y la negación de los hechos. Cuando la verdad es incorporada al sistema de justicia y de reparación es posible avanzar hacia la reconciliación.

Aunque afectadas por la violencia, vulneradas en su dignidad y por la insatisfacción de necesidades básicas, en las víctimas es notorio el deseo de que se reconozca la verdad de los hechos, se haga justicia y se repare el daño cometido. En diversas experiencias estos deseos se plantean como vías alternanas y simultáneas para "plantear" la reconciliación de las víctimas con el Estado.

Importan los plazos y las formas para la reparación.                                                  En el Perú, la Ley N° 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones fue aprobada a fines de 2005, y recién en 2015 todos sus programas de reparación pudieron funcionar simultáneamente. Los plazos y las formas han sido justificados permanentemente por la limitación presupuestal (en periodos de crecimiento económico sostenido) y la incapacidad institucional (ausencia de reglamentos, leyes y consensos políticos) del Estado. En 2012 se reportó que 3.200 personas que figuraban en las listas para recibir su reparación económica habían muerto sin cobrar un sol, y otros cientos que padecían de cáncer no podían acceder a reparaciones en salud. El gobierno de Humala, a diferencia del de Toledo y el de García, dio celeridad a las reparaciones; y en las formas, en corto plazo, el gobierno de Kuczynski ha mostrado mayor interés y menor mezquindad. En los catorce años transcurridos desde la publicación del Informe CVR, las víctimas continuaron sumando esfuerzos con otros actores para lograr que se atiendan sus demandas de dignificación y justicia.

Importan la justicia y la verdad.                                                                                        Los avances en el Poder Judicial y el Ministerio Público en torno a los procesos de esta época han sido limitados por el acceso limitado a recursos y la poca voluntad política para mejorar normas internas que acorten plazos, garanticen el acceso a derechos y un trato humanitario a las víctimas. La sentencia dictada al expresidente Fujimori y al Destacamento de aniquilamiento Colina por las matanzas de Barrios Altos y de los estudiantes de la universidad la universidad "La Cantuta" ha sido significativa. Sin embargo, la sobrecarga procesal en las Salas penales y Juzgados especializados en delitos de terrorismo, el escaso número de víctimas asistidas por el Estado, las limitaciones geográficas así como la restricción de información relevante para los juicios por parte del Ministerio de Defensa contribuyen a dilatar los plazos, al sobreseimiento (anulación por falta de pruebas) de los juicios y a la prescripción de delitos.

Esto genera sensación de impunidad en las víctimas y de “malestar” en los imputados. De otro lado, recién en 2016 el Estado peruano, a presión de las víctimas y de la sociedad civil, aprobó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas (Ley N° 30470) que permitirá hacer efectiva la búsqueda y acortar el tiempo de entrega de sus restos. A la fecha, más de 15 mil desaparecidos yacen en 6.400 fosas identificadas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a la espera de la implementación de la ley (presupuesto e institucionalidad).

Las normas ciegas a la crítica de los crímenes cometidos por el Estado (negacionistas, Ley de apología), la búsqueda de indultos inconstitucionales y de amnistías buscan quebrar la justicia. Las campañas mediáticas desarrolladas por el fujimorismo, los grupos sindicados como violadores de derechos humados y los simpatizantes del terrorismo, han buscado posicionar una verdad distinta de los hechos (pos-verdad) y satanizar a las víctimas. Llaman odio al derecho a la justicia bucando despolitizar la violencia estatal y de los grupos terroristas. El llamado a voltear la página olvida el fin supremo que la justicia busca establecer. Las reflexiones del Informe CVR sobre las causas estructurales que permitieron la emergencia del terrorismo y la violación de derechos humanos nos llaman a hacer lo contrario. No es posible sostener la gobernabilidad o la estabilidad política del país a costa de la vulneración de los derechos humanos de quienes no gobiernan o no tienen poder para influir en las decisiones del Estado.

Importa garantizar el derecho a la igualdad.                                                                   En algunas experiencias de comisiones de la verdad, no fue posible establecer un acuerdo sobre la reparación a las víctimas. Esto indica cuán permeables son en las sociedades el derecho a la igualdad, la justicia como modo de “expiación” de los daños cometidos, y la posibilidad de interferir en la vida del otro sin asumir asumir consecuencias.

Pedir indulto inconstitucional o amnistía usando la reconciliación como pretexto, debería ponernos a reflexionar sobre las expectativas y compromisos asumidos por el Estado tras la publicación oficial del Informe CVR. Aunque hoy, según las encuestas, los derechos humanos gozan de mayor aceptación y los avances acumulados en reparaciones pueden ser numéricamente relevantes, seguimos viviendo en “tránsito a la democracia”. Nos debatimos entre aceptar la desigualdad y erradicar nuevas y antiguas formas de violencia y de vulneración de derechos humanos.

El vulnerar el derecho a la justicia obtenido por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta sostendrá en nuestra sociedad la injusticia y la desigualdad.                     Tal vez, porque el Perú es un país acostumbrado a esa suerte de sobrevivencia del más “apto” y a la falta de empatía, resulte aceptable para un gran sector el llamado a “voltear la página” sin mayores balances. Todavía vivimos luchando por ser esos seres humanos de “raza distinta", él o la que prosigue ante la adversidad obviando el daño moral de la desigualdad y el valor de la justicia. Seguir a paso “firme” la aventura, la meta de éxito que nos propusimos parece ser el fin de nuestras vidas.

No extraña así que este gobierno asuma con mayor eficacia la reparación a las víctimas y a la vez considere el indulto (hoy perdón médico) a Fujimori para intentar alcanzar el crecimiento económico venido a menos por su falta de pericia, las trabas de la oposición en el Congreso de la República y las condiciones del entorno. Tampoco que los “pro amnistía” no sean capaces de reconocer sus culpas y que busquen oportunistamente el “borrón y cuenta nueva” que libere a sus líderes como a sus captores.

El llamado a generar garantías para la no repetición de la violencia y la corrupción, o las causas estructurales señaladas por el Informe CVR hace catorce años, sigue vigente. Nos toca seguir dando eco a la voz de las víctimas, bregar por la reconciliación voluntaria, con verdad y justicia, sin chantajes ni engaños.